VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Pocas veces había sentido algo como en éste momento, en el preciso instante, justo cuando más lo necesitaba pudo llegar a mi corazón "El Don del Orador"..

jueves, 29 de septiembre de 2011

CAPÍTULO II

2. PARTE EXPOSITIVA

Las charlas impartidas a los comuneros del sector se enfocaron en tres aspectos fundamentales:

2.1. SEGURIDAD CIUDADANA

El día martes 06 de Septiembre de 16h00 a 21h00, se realizó la charla de Seguridad Ciudadana, con los miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Tungurahua, con el siguiente material:
Desde hace más de una década el concepto de la seguridad ciudadana domina el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en América Latina. La expresión está conectada con un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que dominaba el discurso público en décadas pasadas y que enfocaba más en la protección y la defensa del Estado.
Existen múltiples conceptos y nociones del término "seguridad ciudadana" y su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien lo utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de tipo económico y social. Un punto en que sí concuerdan la gran mayoría de autores es que el término referencia a dos niveles de la realidad:
Primero, se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona “como un objetivo a perseguir” (González 2003: 17). El PNUD (2006: 35), por ejemplo, define la seguridad ciudadana como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros.”
Segundo, se refiere a políticas públicas encaminadas a acercar la situación real a la situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas sociales empíricamente existentes.
La inseguridad ciudadana se expande cada vez con mayor fuerza en las ciudades de la región. El incremento real de los actos delictivos y el cambio en la percepción de la población, provocan cambios manifiestos en las urbes latinoamericanas. Allí están las transformaciones en el urbanismo (amurallamiento de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial), en los comportamientos de la población (angustia, desamparo), en la interacción social (reducción de la ciudadanía, nuevas formas de socialización) y en la militarización de las ciudades, amén de la reducción de la calidad de vida de la población.

Se trata de un problema crucial de la sociedad latinoamericana actual. Sin embargo, en su enfrentamiento predominan enfoques que tienden a incrementarla en vez de mitigarla.
La policía es una de esas instituciones con las que una sociedad debe convivir mediante relaciones complejas, contradictorias, incómodas. Desarrollada históricamente para proteger a las clases poseedoras de los peligros ocasionados por las «clases peligrosas» y a la sociedad en su conjunto de la criminalidad, la institución posee una tendencia bastante generalizada a desarrollar formas variadas de delincuencia y corrupción. Su papel de «Estado en las calles» la hace especialmente vulnerable a un sin fin de tentaciones. Su relación directa con el crimen y el delincuente, los habitualmente malos salarios de los agentes, la escasa valoración social que la ciudadanía le concede, y el hecho de circular armada y con un poder frecuentemente incuestionado en medio de la gente del común, son fuentes casi insalvables de desviación de sus funciones legales.
La sociedad demanda el mínimo de seguridad para realizar sus actividades cotidianas, pero lo que se percibe es todo lo contrario; nos encontramos desprotegidos y con una sensación de inseguridad permanente. Existen algunas razones para que los ciudadanos tengamos esa sensación:
El auge delincuencial ha crecido enormemente en el país, sobre todo en las grandes ciudades, Quito y Guayaquil.
El Estado no ha hecho mayor cosa por paliar este grave problema y los gobiernos de turno no se han esforzado lo suficiente para dar una solución responsable y permanente.
Si bien es cierto que la influencia del problema de Colombia y la migración indiscriminada y sin control de ciudadanos en su mayoría colombianos y peruanos ha acrecentado el nivel de los delitos, no es menos cierto que la situación social y económica del país, especialmente la falta de empleo, ha puesto lo suyo, para el aumento de este problema.
Existen bandas internacionales de delincuentes que operan con armamento y equipo sofisticado y muy buena organización; se habla de que se ha internacionalizado la delincuencia.
Los procesos de integración han ido eliminando barreras para el control migratorio, a esto se suma la facilidad de conseguir documentos nacionales de identificación en forma fraudulenta.
Posiblemente la queja ciudadana más frecuente es la relativa a la ineficiencia mostrada por la policía en el cumplimiento de sus deberes de protección al ciudadano. La no asistencia a las solicitudes de auxilio o la presencia de los policías cuando los delincuentes han huido; a esto se suma las disculpas miserabilistas de que se carece de medios de movilización, los argumentos sobre la imposibilidad de abandonar los puestos asignados, que no disponen el suficiente personal y armamento; estas y otras son respuestas que sistemáticamente recibe la ciudadanía cuando requiere los servicios policiales, y que reflejan no sólo las precarias condiciones reales para su desempeño sino la mala preparación de sus miembros.
La alteración permanente del orden público, ha propiciado que la institución tienda a convertirse en un agente de represión política en la que ya no es el ciudadano, sino el orden político, lo que se privilegia para su protección.
De acuerdo a estadísticas publicadas, se establece que las denuncias de abusos policiales han aumentado, pese a que hasta el momento han sido capacitados en Derechos Humanos, en alrededor de 10.338 policías; estos abusos en el 2005 fueron 634 y en el 2006, 1.883; pero muy pocos han sido los policías enjuiciados, en el 2006, apenas 38.
Han crecido las compañías de seguridad privadas, la gran mayoría no son una garantía porque reclutan gente sin ningún conocimiento, además son mal pagados y tienen equipo y armamento inadecuados y más bien, en muchos casos, son cómplices de atracos y de actuar como «campanas», es decir que alertan a los delincuentes; sin embargo cada vez crecen y existen cientos de estas compañías ilegales, que no son debidamente controladas.
También se conoce que existe un gran negocio en la compra y venta clandestina de armas, especialmente de pequeño calibre; se conoce que en el Ecuador existe alrededor de 500 mil armas entre legales e ilegales, de esta cifra serían unas 238 mil armas ilegales. Desde 1993 se han concedido 118.219 permisos para portar armas. El que una sociedad se arme, no es la solución, al contrario, se vuelve más insegura; está comprobado que los hechos de violencia se multiplican al tomar esta medida.
La administración de la justicia está severamente cuestionada, es de fácil manipulación y está politizada. La corrupción de una gran mayoría de quienes imparten justicia, ha hecho que se desprestigie más y crezca la desconfianza, a tal punto que han proliferado los casos de «justicia por mano propia».
No existe en el Congreso Nacional una Comisión de Seguridad Ciudadana, actualmente funciona una Comisión de Defensa Nacional como parte de la Asuntos Internacionales.

2.2. DELITOS

El día sábado 10 de Septiembre de 08h00 a 18h00, se realizó la charla de Delitos (Fiscalía), con los integrantes del Grupo No. 04.


2.3. SEGURO SOCIAL CAMPESINO
LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN PUESTA EN MARCHA en marcha del Seguro Social Campesino (1.968) tuvo como antecedente primario la necesidad de acortar la existencia de profundas diferencias entre lo social, económico y político.
Agosto de 1.968 en el Ecuador dio inicio a un plan Piloto o forma de protección social que más tarde en 1.978 se llamó Atención Primaria en Salud. Esta protección medio curativa empezó en las comunidades primarias campesinas, agricultores y artesanos agrupados en los Dispensarios de la Pila, el Palmar, Yanayacu y Guabug.
La Filosofía de esta nueva forma de seguro especial basó su decisión en los principios de universalidad, solidaridad y subsidiaridad, al afiliar no solamente al Jefe de Familia Campesina, sino también a todos los miembros que de él dependen; es decir esta forma de seguridad social abandonó el criterio de protección al trabajador asalariado o con dependencia laboral y lo extendió a la familia. (Única forma hasta hoy de Seguridad Social).
Ley de Extensión del Seguro Social Campesino
Considerando como deber fundamental del Estado Ecuatoriano la propensión del desarrollo de la Seguridad Social, mediante Decreto Legislativo No. 81 publicado en el Registro Oficial No. 124 de noviembre 20 de 1981, el Seguro Social Campesino incorporó a la población rural el sistema pensional, a miembros de las familias, pertenecientes a comunas, cooperativas, asociaciones, comités o cualquiera otras formas similares de organización popular que manifiesten su voluntad de afiliarse al sistema de Seguro Social Campesino.
Prestaciones del Régimen
A partir de la vigencia del decreto 81 el Seguro Social Campesino otorga;
- Pensión por vejez a los Jefes de Familia en un monto equivalente al 75% del salario mínimo vital, con doce mensualidades en el año.
- Auxilio para funerales a cualquiera de los miembros afiliados de la familia campesina, en una cuantía igual al 25% del salario mínimo vital del trabajador agrícola.
Beneficios en salud
a) Por enfermedad.- Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalización.
b) Por maternidad.- Asistencia obstétrica, que comprende la prenatal, parto, puerperio, canastilla maternal y atención al niño durante un año.
c) Atención Ontológica.- Examen bucal, profilaxis, ortodoncia y operación dental.
Actividades de atención médico curativa
a) Fomento.- Equipos primarios de salud desarrollan acciones de fomento, mediante educación para la salud por medio de tratantes y auxiliares de enfermería.
b) Prevención.- Acciones de prevención de enfermedades en coordinación con el Ministerio de Salud Pública con su programa ampliado de inmunizaciones.
c) Medio ambiente.- En coordinación interinstitucional, se dota a las comunidades campesinas de agua segura, disposición adecuada de excretas y asesoramiento para el mejoramiento ambiental de sus viviendas.
d) Organización Comunitaria.- A través de equipos de trabajadores sociales y comités de salud comunitaria se promueve y se estructura la organización en las comunidades para establecer el sistema de protección de salud y de autogestión.
Financiamiento del Sistema
- El 1% del salario cotizable de todos los afiliados al seguro general (excluidos los jefes de familia y distribuidos de la siguiente manera);
- 30% al Estado;
- 35% los asalariados afiliados al Seguro Social Campesino;
- 35% los empleadores;
- Aporte simbólico del 1% del salario mínimo vital general que realizan los jefes de familia campesina afiliados al seguro social campesino; y,
- Contribución del Estado correspondiente al 40 % del total de pensiones y el 0.3% de las remuneraciones de los afiliados al seguro general.
Cobertura del Sistema
El porcentaje de la población campesina protegida ha crecido notablemente, a partir de la instauración de su Plan Piloto 1.968, al pasar del 0.07% al 18% de la población total rural a 1.996.
Administración del Sistema
La Administración del Seguro Social Campesino es privativa del IESS. Los fondos por disposición de Ley No. 81, son Administrados por la Comisión Nacional del Seguro Social Campesino (hoy sin funcionamiento) para lo cual cuenta con su propio sistema de contabilidad y presupuesto de gastos e inversiones. Sin embargo en la práctica las competencias de orden administrativo y financiero siguen centralizadas en el Consejo Superior y en la Dirección General del IESS.
Adquisiciones para el Seguro Social Campesino
Por Decreto Ley No. 81 se faculta al IESS, para las adquisiciones del programa del Seguro Social Campesino, se realicen en forma prioritaria e independiente de las adquisiciones de los demás programas, con aplicación al propio presupuesto del seguro social campesino. (En la práctica esta autonomía no existe).
Situación Financiera del Seguro Social Campesino
De conformidad con el artículo 223 del Estatuto codificado del IESS, se establece "Límites Financieros" anuales para los programas del seguro social campesino, pero dichos límites en la práctica no operan por cuanto el sistema de financiamiento global del IESS, permite que el Consejo Superior pueda fijar los recursos suficientes para cada prestación, lo cual afecta a cada presupuesto (Art. 78 de la Ley del Seguro Social Obligatorio).
Limitantes del Seguro Social Campesino
1.- De no mediar la cancelación de parte de la deuda del Estado al IESS. Se vería en la obligación de recurrir a cuentas superavitarias para financiar el Programa del Seguro Social Campesino.
2.- No existe un adecuado registro y control de la atención médica de los afiliados al seguro social campesino en las unidades médicas del IESS (Dirección Nacional Médico Social)
3.- No existe un análisis financiero actuarial de atenciones médicas del seguro social campesino que permita sugerir nuevas formas de financiamiento del sistema.
4.- Por las presiones financieras, el número de prestaciones pagadas, así como su monto son reducidos, lo que se evidencia en la calidad de servicios de salud.
5.- Se observa escases de personal médico, de suministros e insumos y un deterioro de las instalaciones médicas que contribuye al bajo nivel de sus instalaciones por los afiliados al régimen.
6.- Se observa un alto incremento del número de pacientes referidos a hospitales urbanos.
7.- Alta dependencia en el proceso de toma de decisiones administrativas y financieras centralizadas en el nivel Central del IESS.
Fuentes de Financiamiento para la Reforma
La idea es propender y alcanzar al año 2.000 la protección del 50% de la población rural del país. Para esta ampliación de cobertura es necesario contar con un informe técnico-actuarial y financiero que abalice la viabilidad de las siguientes fuentes de financiamiento para discusión en el Congreso Nacional en la reforma al sistema del seguro social campesino.
- Impuesto a la protección en seguridad social del trabajador asalariado del campo y a sus familias, referido a los productos agropecuarios y la exportación.
- Aporte del Estado del 1% sobre la masa salarial de los afiliados obligados.
- Participación del 0.5% del precio del barril de petróleo de exportación.
- Impuesto del 1% al gramo de oro de exportación.
- Asignación del 4% de la retención por ausentismo en el cobro de la tasa aeroportuaria.
- Recurso de autogestión comunitaria.
Incremento del aporte simbólico del jefe de familia acorde al ingreso familiar.
La Reforma al Sistema del Seguro Social Campesino
Contando con la viabilidad de las fuentes de financiamiento antes señaladas u otras que puedan sugerirse, la reforma al sistema del seguro social campesino tiene dos vías, la reforma Constitucional al sistema del seguro social ecuatoriano en su integridad y la reforma parcial a la ley de extensión del seguro social campesino No. 81 (Cobertura, financiamiento y autonomía administrativa y económica), antes de que se plasme en realidad la pretensión del régimen actual de poner en vigencia la propuesta del anterior Gobierno de "transferir la administración y su infraestructura (645 Dispensarios) del Seguro Social Campesino al Ministerio de Salud Pública.

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